Agosto 2010
Por Hernán Scandizzo y María Inés Aiuto
El Extremo Sur
El 28 de julio la Asamblea General de Naciones Unidas declaró al agua potable un derecho humano -universal, indivisible e inviolable-, lo que implica que el acceso a ese bien hace a la dignidad de las personas y que los Estados deben garantizarlo. Argentina fue una de las naciones que votó a favor de la iniciativa promovida por Bolivia, una decisión en positivo que invita a reflexionar qué pasa en nuestro país con este recurso y cómo impacta el modelo productivo-extractivo alentado desde los años ‘90.
"Si uno toma en cuenta el balance hídrico general –entre lo que llueve, lo que se evapora y lo que se utiliza en la República Argentina-, globalmente es uno de los pocos países afortunados [el volumen anual disponible por habitante es de 22.500 m2, mientras que el límite de escasez –estrés hídrico- adoptado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo es de 1000 m2/hab], pero esto no significa que la geografía del país sea homogénea por lo cual hay regiones donde escasea y escaseó el recurso históricamente, que son las zonas áridas", aclaró el geógrafo Vicente Di Cione, profesor de las universidades de Buenos Aires (UBA) y Tres de Febrero. Las zonas áridas y semiáridas en el país representan el 61% del territorio, y en algunas de ellas existen valores de disponibilidad inferiores al piso propuesto por el organismo internacional. Mientras que en las zonas húmedas o semihúmedas, la disponibilidad no implica que el agua se encuentre en óptimas condiciones.
Este desequilibrio, explicó Di Cione, “se agrava con el cambio climático porque se modifica seriamente la geografía del balance hídrico”. En los últimos años se ha alterado el régimen de lluvias, con largos períodos de sequías e inundaciones, particularmente en las regiones centro y norte, y descenso de las precipitaciones en la zona andina -área de recarga de las principales cuencas hídricas-. Además, el Instituto Argentino de Nieves, Glaciares y Ciencias Ambientales de Mendoza advirtió en 2008 que “en los últimos 20 años, los glaciares a lo largo de la Patagonia disminuyeron en su extensión entre un 10% y un 20%”.
“Se suman una serie de actividades, que tienen que ver con la mega minería y la expansión de la frontera agraria -el modelo sojero, fundamentalmente-. Parecería que no hay límites para el desarrollo, y por lo tanto, para la utilización de los recursos”, subraya Di Cione. Justamente desde diferentes organizaciones ecologistas plantean que cuando se exporta soja, oro, petróleo, etc., también se están exportando los millones de litros de agua que fueron empleados en la producción/extracción.
Como colofón, la falta de presupuesto para el sostenimiento del sistema técnico-científico y organismos de control impide el óptimo monitoreo de la calidad del recurso, requisito básico para su preservación. Según Di Cione, el carácter excedentario de agua en la Argentina, ha demorado su incorporación como tema prioritario en la agenda pública. “Si bien se observa una voluntad política por parte del gobierno y de otros actores, como partidos políticos y movimientos sociales, en general las preocupaciones emergen de los sectores afectados, o sea, aquellos que les pueda faltar agua -sea industrial o de uso doméstico-, o aquellos que les llega en condiciones deplorables.”
Fronteras productivas
Desde la década del ’90 el modelo agrícola se centró en el monocultivo de soja transgénica y su soporte químico, el glifosato. En la actualidad, aproximadamente 17 millones de hectáreas son destinadas a este cultivo, más de la mitad de la superficie cultivable del país. Anualmente se usan alrededor de 200 millones de litros del herbicida, que ya sea durante su aplicación o por el lavado de envases y máquinas fumigadoras, se filtra a las napas o contamina las aguas superficiales. El alto impacto de este producto en la salud ha sido denunciado en múltiples ocasiones, incluso el año pasado se planteó la posibilidad de prohibir su uso.
Este avance de la frontera agrícola introdujo cambios en el modelo productivo. Uno de ellos fue el desplazamiento de la ganadería a zonas marginales, otro, la proliferación de establecimientos de engorde a corral o feed lot –el grueso de las instalaciones se encuentra en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
Saladillo, en el centro de la provincia de Buenos Aires, es considerada la “capital nacional del feedlot”, en la localidad funciona más de una docena de establecimientos por el que pasan alrededor de 100 mil vacunos al año. Allí el grupo ambientalista Ecos inició una campaña para erradicarlos. “[Los feed lot] no cumplen con lo que la ordenanza [municipal] les exige en cuanto a análisis de agua, infraestructura, etc. Los vecinos están cansados de que les pidan pruebas cuando el sentido común indica que los feed lot son un modelo peligroso, sobre todo para nuestra zona, cuenca del río Salado [debido a la permeabilidad del suelo, precipitaciones y humedad ambiente]”, afirmó Gabriel Arisnabarreta, del grupo Ecos.
“Cuando llegan las lluvias, arrastran el estiércol, contaminando con nitritos y nitratos –perjudiciales para la salud humana y la biodiversidad- los arroyos y las napas”, sostiene el Informe Feedlot redactado por Ecos. En consonancia con estas afirmaciones, altos niveles de sulfato y nitrato en agua fueron hallados en muestras tomadas en Casilda, provincias de Entre Ríos, en inmediaciones a un corral de engorde que alberga entre 12.000 y 15.000 vacunos.
También, como correlato del modelo actual agroexportador, se produjo un aumento de la deforestación. En la última década, el país perdió anualmente unas 250.000 hectáreas de masa boscosa, aportando al desbalance hídrico, ya que los bosques son fundamentales en la regulación del ciclo por absorber el agua en épocas de lluvia para luego liberarla a la atmósfera.
Otro actor que pisa fuerte es el sector minero, demandante y contaminante de grandes cantidades de agua y blanco de todas las críticas por avanzar sobre la Cordillera y poner en riesgo las cabeceras de recarga. Hoy existen 74 empresas, la mayoría de origen canadiense y británico, impulsando proyectos de megaminería.
Contaminación y Gestión
¿Qué impactos causan en el recurso el uso de agroquímicos o la megaminería? “En muchos casos se tropieza con la falta de un nivel base de calidad para saber si ya estamos por encima de ese valor”, señaló Jorge Santa Cruz, profesor titular de la Cátedra de Hidrología Continental de la UBA y ex coordinador técnico del Proyecto Acuífero Guaraní, en una entrevista publicada por el Observatorio Petrolero Sur.
“En general la contaminación, teóricamente, existe; el tema es si se elimina naturalmente, si se diluye, hasta dónde puede llegar, de qué manera puede atenuarse, etc. Para poder tener alguna estadística confiable se necesitan monitoreos continuos, con mediciones quizá bastante costosas y muchas veces se cortan los presupuestos para estos estudios”, agregó.
“Un ejemplo es el Acuífero Puelche, que abarca la mitad de Santa Fe, un tercio de la provincia de Buenos Aires y el sudeste de Córdoba. Las industrias y la población del cinturón más rico del país, [que concentra] el 40 % del PBI nacional, en su gran mayoría se abastece del agua subterránea de este acuífero, por más que esté el Río Paraná. Son recursos que lamentablemente no están monitoreados sistemáticamente y hay datos básicos que están faltando en cualquier Estudio de Impacto Ambiental. Muchas veces se tienen que hacer inferencias con datos supuestos”, declaró Santa Cruz.
El Puelche, que alberga 300 billones de litros de agua, es el único acuífero aún potable de los seis que se existen bajo la pampa húmeda. Sin embargo, especialistas sostienen que en los últimos años se verifica una mayor contaminación proveniente de desechos cloacales, lixiviados de basurales, efluentes industriales y agroquímicos, y destacan que reviste un importante proceso de salinización por sobre-explotación. Este año, la justicia federal de La Plata inició una investigación a raíz de la presencia de nitratos superiores a los niveles permitidos en el agua de red de la ciudad -que se capta de dicho acuífero.
Respecto al impacto del modelo agroindustrial -con uso intensivo y extensivo de agroquímicos- en los acuíferos en general, un informe del Banco Mundial (BM) sobre aguas subterráneas en Argentina afirmó que en Santa Fe “se produjo un notable incremento de la extracción de agua subterránea por el sector agrícola para el riego complementario de cereales”, y que “los fertilizantes y pesticidas constituyen un serio riesgo de contaminación para los acuíferos”.
El BM informó que “a pesar del papel estratégico de las aguas subterráneas (…) no se llegó a una verdadera gestión integrada de agua superficial y subterránea y se descuidó la protección de los acuíferos. La degradación de la calidad de las aguas subterráneas tarda años, sino décadas, en manifestarse… se necesitará un largo tiempo para restaurarla”.
Pero existe una tendencia de abordar de manera unificada la gestión de aguas superficiales y subterráneas, que toma cuerpo en los Principios rectores de política hídrica acordados en 2003 por las provincias y la Nación.
Cáncer en el norte de Santa Cruz
En enero de este año la patóloga Ana María Pizzuto, concejal del ARI por Caleta Olivia, denunció que existe estrecha relación entre la calidad del agua que se consume en las localidades del noreste de Santa Cruz y el progresivo incremento de casos de cáncer. Sus declaraciones al diario Prensa Libre generaron la reacción de las autoridades locales y provinciales, que se mostraron más dispuestas a desmentirla que a profundizar en el tema.
Según Lilian Corra, directora de la Asociación Argentina de Médicos por el Medio Ambiente, “la inexistencia de registros completos en el sistema de salud impide medir la incidencia de la degradación del agua en la manifestación de ciertas patologías”, pero enfatizó que eso “no tiene que ser obstáculo para tomar medidas preventivas ante la presencia sustancias que se saben perjudiciales”.
A pesar de la falta de registros y estudios epidemiológicos generales, existen enfermedades que están asociadas al consumo de agua no segura. La contaminación orgánica –vertidos cloacales, lixiviados de basurales, etc.- causa diarreas infecciosas, meningoencefalitis, paratifoidea, fiebre tifoidea, parasitosis intestinales y hepatitis. En tanto la contaminación química, como la presencia de metales pesados -presentes en plaguicidas y desechos industriales-, afecta el neurodesarrollo y los sistemas inmunológico y endocrino.
Al margen del impacto de la contaminación antropogénica, una problemática extendida en el país es la presencia natural de arsénico en agua. Según la Asociación Toxicológica Argentina, esta problemática afecta a 3 millones de personas el norte y centro del país. La ingestión prolongada de aguas con alto contenido de este metal causa el síndrome Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE), que puede generar lesiones en la piel, hígado, riñón, en el sistema cardiovascular, hematopoyético y nervioso, y en el aparato respiratorio; además de lesiones cancerígenas viscerales.
Gladys Soria de Paredes, directora del Programa HACRE de Santiago del Estero, una de las provincias más afectadas, explicó que el agua con arsénico, flúor o cadmio se caracteriza por ser dulce, sin mal olor ni sabor desagradable. “Esto confunde a la gente, a los funcionarios de turno”, destacó, razón por la cual hizo hincapié en la educación ambiental. “Los casos de HACRE estuvieron siempre entre las patologías regionales como el chagas, lo que ocurre es que hablar de esta enfermedad implica compromiso, obras e infraestructura para la gente e inversiones de larga data”, subrayó. En ese sentido afirmó que “hace cuatro años el gobierno provincial ha puesto énfasis en políticas con respecto al agua, se han realizado obras para darle agua potable a la población, pero queda mucho por hacer, ya que hay zonas que no tienen siquiera 2 litros de agua por día para consumo”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario