Marzo 2009
Por M. Inés Aiuto
Hace poco más de un mes campesinos y comunidades del pueblo Wichí de Salta denunciaron ante la Corte Suprema de Justicia que el gobierno provincial autorizó el desmonte de 2000 km2 (diez veces la ciudad de Buenos Aires) tres meses antes de que se sancione la Ley Nacional de Bosques. Pero también reclamaron por un derecho largamente postergado, el acceso a la tierra.
La semana pasada, dos familias campesinas de la Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño (APPCHS), recibieron la noticia de que serían desalojados. Justamente, uno de los afectados es Alfredo Riera, presidente de entidad que expuso en la audiencia pública en representación de los campesinos criollos.
Raúl Marinconz, veterinario y técnico de la APPCHS, expresó a Miradas al Sur que “ambos fallos en la misma semana fue una cuestión política contra la organización por haber demandado a funcionarios públicos ante la Corte Suprema y en especial contra Riera que fue quien expuso en la audiencia”. Aunque también aclaró que “hoy existe un gran negocio inmobiliario ya que la hectárea en la zona cuesta 250 dólares”.
De acuerdo al fallo emitido por la jueza del juzgado en primera instancia en lo Civil y Comercial de Tartagal, Ana María de Feudis, los campesinos no son los propietarios de las tierras, a pesar de que esas familias las habitan y trabajan hace más de 40 años.
Los casos
La familia Riera vive en la localidad de Hickman, departamento San Martín, desde 1925. A fines de la década del 60, el predio que habitaban fue dividido por la construcción de la ruta 81. Desde entonces, la casa de la familia quedó dentro del pueblo mientras que las tierras para criar el ganado, sus corrales, pozos de agua y el monte quedaron del otro lado de la ruta. A principios del 2005, Alfredo Riera hizo el plano de mensura de su terreno de 500 hectáreas, primer trámite para obtener el la posesión veinteañal, pero lo rechazaron. En el 2006, apareció la familia Guyer reclamando 1.600 hectáreas que le fueron cedidas en 1959, dentro de las cuáles se encuentran las tierras de la familia Riera.
De esta manera, los campesinos sólo quedarían con el terreno de su vivienda sin tener espacio para trabajar. Cabe señalar que en esa zona se necesitan de 15 a 20 hectáreas para alimentar una vaca.
La otra familia campesina afectada es la de Atencio Jaime de la localidad Padre Lozano, departamento San Martín. Hace más de 40 años su familia ocupó 300 hectáreas y al igual que el caso de Riera, apareció una persona de apellido Luis, reclamando las tierras de los campesinos.
Luego de recibir la orden de desalojo por parte de la jueza de Tartagal, la organización campesina hizo una apelación ante la cámara. “Ahora tenemos que esperar a que se expida la cámara de apelación de Salta, si mantiene el fallo de la jueza o lo revoca, porque ya ha pasado en otra causa que nos fallaron en contra y la cámara revocó el fallo de la jueza por que no se ajustaba al derecho”, explico el técnico Marinconz.
Ante la pregunta de cuáles serán las medidas a tomar si se concreta el desalojo el médico veterinario declaró: “Si se pierde la apelación ya quedará en manos de las familias y de la organización campesina cuáles son los pasos a seguir, pero en el comunicado que publicaron fueron claros que de sus tierra no se van y que van a resistir el desalojo”.
En ese comunicado, la entidad campesina expresó: “En nuestra zona grandes empresas privadas, particulares que dicen ser nuevos dueños y el Estado como propietario de las tierras fiscales desconocen nuestros derechos y dan rienda suelta a su ambición de ganancias por encima de nuestra necesidad de tierra para sobrevivir. Ellos desconocen lo que es para el nativo cuidar el medio ambiente, defender el monte, los ríos, los animales”.
La APPCHS nació en el año 2003 como una propuesta de lucha ante la necesidad de defender el derecho a la posesión de las tierras que habitan “desde principios del siglo pasado”. Está integrada por 400 familias que viven principalmente de la cría de ganado vacuno y caprino a monte abierto. Son pocos los que cuentan con títulos de propiedad y varios los que poseen planos de mensura, algunos aprobados y otros no, por lo cual viven con la incertidumbre de ser desalojados en cualquier momento.
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