17.03.13 Por María Inés Aiuto (*)
Revista Superficie
Desde San Miguel, provincia de Corrientes, resisten el avance de las plantaciones forestales en sus colonias. Son productores familiares que habitan parajes como Montaña, San Antonio, Caimán y Yataití Poí, que tienen entre 130 y 30 años de existencia. A fines de marzo, viajaron a la capital provincial para reclamar por una fecha concreta donde se trate el proyecto de donación de tierras fiscales de 150 lotes para 150 familias. Dos años atrás, el gobierno provincial ya se había comprometido a aprobarlo.
En la ciudad, fueron recibidos por el vicegobernador Pedro Braillard Poccard quien les aseguró que el proyecto ingresará a la legislatura el 15 de mayo y será tratado inmediatamente. También visitaron el Ministerio de Producción de la provincia donde volvieron a solicitar herramientas para trabajar la tierra y electrificación rural.
Nucleados en la Unión Campesina, que a su vez integra la Federación Nacional Campesina de la República Argentina [2], los campesinos también exigieron la eliminación de los subsidios del Gobierno nacional a los forestadores, y que la Provincia derogue la ley de adhesión al subsidio forestal. Sólo en 2012, se entregaron 28 millones de pesos a 224 forestadores en Corrientes a través de la ley de incentivos 25.080 [1].
Dialogamos con Mathias Midón, asesor legal de la organización.
¿Cuál es el reclamo de los campesinos?
Es por la titularización de las tierras que habitan y trabajan hace muchos años, son 150 familias que viven en lotes fiscales del estado provincial, que nunca pudieron acceder al título de propiedad y que últimamente este hecho fue aprovechado por el avance del monocultivo forestal por empresas nacionales y extranjeras, que algunas veces utilizando la fuerza y otras veces engañando a los campesinos por pocas monedas les compraban el derecho de posesión de la tierra. Todo esto favorecido por el subsidio que tiene el sector forestal desde el gobierno nacional (Ley 25.080). Esta es la raíz del reclamo, la seguridad de la familia campesina para poder resistir tanta expulsión, por lo cual hoy se movilizaron cerca de 100 compañeros del departamento de San Miguel hasta la capital de Corrientes.
¿Qué acciones anteriores realizaron para llegar a esta instancia?
Hace dos años, luego de realizar algunas manifestaciones en la ciudad de Ciudad de Corrientes, logramos el compromiso del gobierno provincial para que done esas tierras al campesinado. Primero se hizo un censo socio-habitacional de 250 familias, y de allí surgió que 100 vivían en lotes privados y 150 en lotes fiscales. Luego se logró que el estado provincial se haga cargo de la mensura delimitando los lotes y el último paso que falta es que ingrese el proyecto de ley a la legislatura. Por eso hoy el motivo de la marcha es que se establezca una fecha concreta para el ingreso de la ley y nos dijeron que sería a mitad de mayo. Una vez que ingrese, se comprometieron a tratarlo sobre tablas el mismo día sin que pase a comisiones. Por lo tanto podemos decir que fue un día de avances, además porque se dio a conocer públicamente. Es parte de una lucha, no termina acá, si se concreta en mayo va a ser la seguridad para los lotes donde viven, pero hay otras situaciones, por ejemplo, muchas familias están viviendo en calles muertas, sin tierra, o familias hacinadas en un mismo lote ya que los hijos van creciendo, forman su propia familia y les falta tierra.
¿Hay disponibilidad de otras tierras?
Frente a la Colonia San Antonio, en el departamento de San Miguel, está el Instituto San Nicolás que tiene 3.000 hectáreas, una fundación que tenía como objetivo poner a disposición esas tierras para que la trabajen los campesinos de Loreto y San Miguel. Ahora es un instituto que está intervenido por la provincia, empezaron a forestar en esas tierras, y los que hacen agricultura están empezando a cultivar a gran escala porque es un sector con poder adquisitivo importante. Entonces, pedimos es que esas tierras se pongan a disposición del campesinado, como era la idea original, sobre todo para la juventud que quiera quedarse en la zona y no terminar en las villas de emergencia como muchas veces sucede. Según estadísticas de la municipalidad de Corrientes, de la Secretaria de Planificación, por mes se trasladan unas 150 familias a la periferia de la capital, y la mayoría de las veces es por el éxodo rural (de acuerdo al censo de 2010, el 36% de la población correntina vive en la ciudad de Corrientes).
¿Por cuáles vías han hecho el reclamo de titularización de tierras?
En el caso de los lotes privados logramos que se aplique la ley de regularización dominal donde el estado se hace cargo de pagar a los agrimensores que hacen la mensura y los abogados que hacen los juicios, ya sea de prescripción, por estar veinte años en el mismo lugar o de sucesión cuando haya fallecido algún familiar. Hay que tener en cuenta que los campesinos no pueden asumir estos gastos de forma particular, así que de esa forma los lotes que son privados y tienen títulos, tendría solución de esa manera.
¿Alguna familia está peligro de desalojo?
No, hoy las 250 familias tienen la mensura y con la organización y la unidad logramos en el último período que se frene el avance forestal, no como quisiéramos nosotros, que queremos que se termine con este avance, pero por lo menos se frenó un poco. En concreto, ya sea por derecho o por la resistencia de la gente no pueden sacar a nadie.
¿Qué están produciendo actualmente los campesinos?
Hoy mayoritariamente es producción para autoconsumo (batatas, mandioca, maíz, zapallo, morón, tomate) salvo algunas pocas producciones que se venden. En 2010 se presentó un proyecto integral de producción solicitando ayuda de tres a cinco años para que los campesinos se puedan independizar y evitar que desde el estado manifiesten que los campesinos siempre están pidiendo, aunque mientras tanto, desde nación y provincia subsidian y favorecen a sectores que no lo necesitan.
Entonces, presentamos ese proyecto incluyendo maquinaria, tractores, arados, semillas, traslado de la producción para llegar al mercado local. Además, planteamos el tema de un precio justo y ser proveedores del estado por ejemplo en los comedores. Pero salvo algunas semillas o servicios de aradas que hicieron, el resto quedó en la nada. Por eso, se pidió nuevamente un tractor para que no dependan todos los años del municipio o de la provincia. También tenemos la idea de construir galpones para acopiar la producción de la zona y pelear el precio en forma colectiva.
Notas:
[1] El sector forestal creció impulsado por diferentes sistemas de promoción otorgados por el Estado Nacional y otros organismos durante más de 30 años. Actualmente, la ley nacional N° 26.432 –prórroga de la ley N° 25.080-, otorga numerosos beneficios fiscales y apoyo económico no reintegrable para la implantación de bosques, su mantenimiento, el manejo, el riego, la protección, la cosecha, la investigación y el desarrollo y la industrialización de la madera. Así, ofrece hasta un 80% de apoyo económico no reintegrable, beneficios fiscales como exención de impuestos, estabilidad fiscal y devolución del IVA. Los destinatarios son personas físicas, de existencia ideal, privadas o públicas, inversores extranjeros (todos con domicilio en el país) y fondos fiduciarios.
[2] La Federación Nacional Campesina de la República Argentina es una organización gremial y política nacida para organizar nacionalmente a los campesinos pobres, pequeños productores y sin tierra con independencia del Estado, partidos políticos, ONGs y los otros sectores del campo.
(*) Periodista. Colaboración especial para revista superficie, con motivo del Día Internacional de la Lucha Campesina.
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